A continuació publiquem íntegrament el nostre article que serà publicat parcialment en el proper butlletí d'informació municipal. (Per qüestió d’espai existeix una limitació de 1600 caràcters en l'extensió dels articles)
A raíz de la demagógica polémica suscitada en cuanto a la necesidad de las Diputaciones Provinciales y el posible ahorro en el gasto público que se generaría la eliminación de las mismas, creo que es procedente analizar para qué sirven y si realmente su eliminación redundaría en un importe ahorro del gasto público.
Con una existencia de casi 200 años, las diputaciones refrendaron su legitimidad constitucional en base al artículo 141 de la Constitución española, el objetivo fundamental de las mismas es la prestación de servicios a los pequeños municipios que por sí mismos no podrían prestarlos. En España,independientemente de los regimenes especiales/forales, existen 38 diputaciones bajo la regulación en el régimen común.
¿Qué servicios prestan las diputaciones provinciales?, sin querer cansar al lector, los servicios más importantes serían los siguientes:
* Apoyo, gestión y recaudación de todos los impuestos locales.
* Gestión y distribución de agua y tratamiento de residuos en muchísimos municipios.
* Servicios de extinción de incendio rural, parques naturales…
* Mantenimiento de carreteras, caminos y pequeñas infraestructuras.
* Asesoramiento laboral y jurídico a los consistorios.
* Reparto de los fondos estatales.
* Bibliotecas ambulantes.
* Servicios sanitarios en diferentes comarcas…..
Como es muy fácil concluir, la supresión de las diputaciones sin una hoja de ruta planificada, en la asignación clara de sus competencias, implicaría abandonar y dejar sin servicios importantes, a más de 15 millones de personas que viven en el medio rural en toda España.
Abandonando la demagogia barata, y con el objeto de evitar la supresión de servicios esenciales a los ciudadanos, y al mismo tiempo lograr un ahorro en el gasto público, se debería plantear la posibilidad de ir por dos caminos alternativos:
La asignación de las competencias y patrimonio de las diputaciones a los gobiernos de las comunidades autónomas, p.e. una consejería de administración local
O la creación de un ministerio de administración local, como órgano centralizador de todas las funciones de los ayuntamientos de pequeño tamaño.
Sin pecar de ingenuidad, políticamente la única vía viable de las dos planteadas arriba, es la primera, ya que hablar de centralización en España es como mentar el diablo.
En todo caso, cualquiera de estas medidas ahorraría gastos - eso sí, se eliminarían unos cuantos cargos políticos -, pero el citado ahorro no sería a niveles muy significativos, porque en primer lugar hay que buscar acomodo a los más de 76.000 funcionarios de todas las diputaciones y por otra parte, los consistorios seguirían demandando toda clase de servicios esenciales para sus conciudadanos.
Félix E. Pedrosa Negrete
Economista y Abogado
Secretaría política de Veïns Independents de Cabrils
